¿Policías o vigilantes privados?

¿POLICÍAS O VIGILANTES PRIVADOS?

 

 

  👉 Carlos Pérez Barrios.-

En una economía en franco deterioro como la que padece Venezuela, una de las declaraciones oficiales más deprimentes fue cuando se les planteó a los funcionarios al servicio del Estado, que dada la desastrosa situación en que se encuentran las finanzas públicas, no podrán esperar, quién sabe hasta cuándo, aumentos en sus sueldos y salarios.

 

Una de las posibilidades que se les planteó a los funcionarios, fue la de autorizarlos de hecho, más no de derecho, a buscar ingresos adicionales en actividades ajenas a las funciones propias de sus trabajos, para lograr un mínimo de recursos que les permitan, yo diría, sobrevivir y poder satisfacer sus necesidades.

 

Por supuesto, estas directivas fueron transmitidas verbalmente para no dejar evidencias y no permitir fuesen utilizadas como pruebas en caso de denuncias.

 

En el caso particular del sector seguridad, es muy grave lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos de seguridad, llámense policías nacionales, municipales, de seguridad del Estado y hasta en unidades de seguridad del sector militar.

 

Esto se refleja en la política que se está aplicando en muchos organismos, en el sentido de que a los funcionarios se les permite no asistir a laborar a tiempo completo, en días continuos, para que puedan dedicarse a otras actividades que les permitan generar ingresos adicionales.

 

Esto se evidencia en una mayor frecuencia y descaro. Podemos ver a funcionarios policiales del sector civil y también del mundo militar, prestando servicios de seguridad a particulares.   

 

En panaderías, farmacias, restaurantes, discotecas y bares, así como en industrias y centros comerciales encontramos a estos funcionarios públicos actuando como seguridad privada y recibiendo pagos por ello.    Ni que hablar en el caso de los que actúan como escoltas.

 

A lo anterior debemos agregar algunas consideraciones que evidencian lo grave y hasta criminal de estas actuaciones.

 

En primer lugar, es un delito el hecho de que el tiempo que dedican a estos trabajos es el que debería dedicar al servicio público, porque por ello reciben un salario y otros beneficios, rompiendo de esta manera el contrato social que justifica su existencia, ya que dejan sin protección a la sociedad en general que los necesita sin distingos de raza, credo, filiación política ni condición económica.

 

Otro aspecto que debemos poner sobre la mesa, es el hecho de que a se ha llegado en muchos casos a prestar esos servicios con el uniforme de las instituciones que lo identifica como funcionarios policiales, y lo hacen con el mayor descaro y sin la menor vergüenza.  

 

Es que para nada les importa lo que puedan decir o pensar de ellos los ciudadanos.

 

Qué debemos comentar del equipamiento que utilizan en estos trabajos ilegales.   El armamento que portan y las municiones que utilizan, los equipos de comunicaciones, las unidades de patrullaje sean estos vehículos o motos; por supuesto plenamente identificados con los sellos y escudos distintivos de sus instituciones.

 

Esto es ilegal, ya que el uso de esos recursos conforma el delito de peculado de uso, al utilizar equipos y materiales públicos con fines de lucro personal y muy distinto a los fines para los cuales fueron asignados.

 

Además de las  consideraciones anteriores,  estas actuaciones irregulares e ilegales, al prestar servicios privados de seguridad, constituyen de hecho una competencia desleal, ilegal e irregular que causa terribles daños al sector privado de la seguridad, ya que al utilizar un recurso humano y material asignado a los cuerpos de policía donde pertenecen, ofrecen sus servicios a una cifra muy por debajo del costo que tiene que ofertar las empresas legalmente constituidas, sujetas a normas, leyes y otras cargas fiscales nacionales.

 

Además esto se traduce que esa conducta criminal, generada por políticas gubernamentales, que se puede calificar de delincuencial, perjudican el desarrollo de las empresas del sector privado y promueven y permiten que opere un sector oscuro,  en detrimento de la necesaria seguridad  que necesitan las organizaciones y personas que los contratan, dejando a su suerte a la sociedad y comunidades en general, que no encuentran la protección que les deberían prestar los cuerpos de policía a todos los ciudadanos.

 

Esto ocurre cuando el Estado pierde su estructura moral y aplica políticas que atentan contra los principios constitucionales que establece la Carta Magna, contra el Estado de Derecho de todos los ciudadanos y rompe todos los principios doctrinarios propios de las Ciencias Policiales, las Ciencias Militares y las de la Seguridad Privada.

 

Por ello es necesario que continuemos denunciando públicamente estas conductas y comportamientos que tanto daño ocasionan a toda la sociedad.