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Actuar contra el contrabando es la función principal por la cual la
Vicepresidencia de la República, de la mano de Delcy E. Rodríguez Gómez, creó
un espacio inter institucional para combatir
este flagelo y los delitos económicos transfronterizos.
Dicho Estado Mayor Contra el
Contrabando, activado ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, ha
coordinado varios esfuerzos entre el Gobierno y los productores para eliminar
el contrabando de diversos rubros dentro de los que destaca la carne porcina de
los Estados Unidos y Canadá, el cual conlleva nocivos impactos sobre la
economía y la vida nacional.
Ya el Gobierno nacional ha
logrado importantes resultados en este asunto, como el prohibir la entrada
ilegal de salchichas y embutidos del Brasil (productos no regulados
sanitariamente), pero ahora, carne porcina, que puede llegar a tener hasta dos
años almacenada ha comenzado a entrar al país. Dicho producto no tiene los
permisos sanitarios correspondientes, lo que representa un riesgo potencial
para la salud de los venezolanos.
El mismo Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros ha afirmado que “El contrabando es muy nocivo
para el productor nacional, por lo que la FANB tiene que identificar dónde
están las mafias del contrabando”.
Ante
esto, el propio ministro de la defensa, Padrino López afirmó que la FANB ya está movilizada y lista para
desplegarse en esta nueva operación dentro de una estrategia que calificó
como “mano
de hierro contra el contrabando”, y anunció la instalación de
un conjunto de puntos a lo largo de la frontera en el territorio nacional donde
se desplegaran las acciones logísticas anti contrabando, involucrando a todas
las instituciones del Estado.
Sin embargo, la aparición de carne de
cerdo de los EEUU y el Canadá, afecta de manera grave al sector cárnico porcino
y pone en riesgo alrededor de 100.000 puestos de trabajo que, directa o
indirectamente, dependen de esta área económica y alimenticia.
Esta carne de cerdo que entra, no solamente por la frontera terrestre
entre Colombia, particularmente por los estados Táchira y Zulia, sino también se ha identificado que
una parte entra vía puertos a través de esquemas “puerta a puerta”, no tiene
control sanitario de las autoridades de la República; en algunos casos no
cumple con la cadena de frío y, por lo tanto, puede presentar graves problemas
a la salud de la población.
Ya las autoridades adscritas al Estado Mayor Contra el Contrabando han
detectado que esta carne de cerdo se está triangulando hacia Venezuela de
manera ilegal, donde además de violar cualquier parámetro de bioseguridad, se
agrega el agravante de ser un
producto que en algunos casos puede llegar a tener más de dos años de
almacenamiento.
El problema comenzó a ser evidente en 2022, cuando carne importada desde
EEUU y Canadá, sin ningún tipo de
identificación legal, era vendida en diversos expendios de comida.
Los productores porcinos de EEUU
y Canadá han estado muy afectados los últimos dos años con un exceso de oferta
de carne, y han implementado la práctica de dumping para drenar parte de ese
exceso de oferta de carne de cerdo hacia otros países, entre ellos Venezuela.
El dumping se considera una
práctica comercial desleal que consiste en vender un producto por debajo de su
precio normal o incluso por debajo de su costo de producción. Adicionalmente,
esta carne de cerdo que entra vía contrabando no asume los mismos costos ni
cargas fiscales de la cadena productiva nacional, poniendo en riesgo la
viabilidad económica y continuidad operativa de los productores locales.
Cabe destacar que el sector
porcino venezolano cuenta con capacidad más que suficiente para cubrir
plenamente la demanda nacional de carne de cerdo.
Gobierno nacional atento
La vicepresidenta Rodríguez
definió tres ejes de acción en la lucha contra el comercio ilegal: uno, el
control en las fronteras y sobre el territorio, el cual, dijo, es responsabilidad
del Estado; dos, el control en los anaqueles para evitar que los comerciantes
ofrezcan productos de contrabando a los consumidores, que definió como una
responsabilidad de los empresarios; y tres, campañas de información dirigidas a
los consumidores sobre los impactos sobre la salud de productos que están
llegando a Venezuela, sin cumplir normas sanitarias ni requerimientos de las
leyes venezolanas.
El
sector porcino se ha sumado con ideas y propuestas a la lucha contra el
contrabando, el comercio ilegal y la defensa de la producción nacional,
destacando el rol que el Estado Mayor Contra el Contrabando tiene para
fortalecer la producción y el valor agregado nacional.
De
no tomarse medidas efectivas contra el contrabando de carne de cerdo, este no solo
afectaría gravemente al sector, sino que también podría generar riesgos para la
salud de la población al no estar sujeta al control sanitario de nuestras
autoridades. La afectación al sector porcino y a otros sectores vinculados
sería inmediata, con pérdidas inconmensurables que para recuperarse requerirían
al menos dos o tres años y fuertes inversiones.
Los
riesgos potenciales a los que está sujeta la economía nacional debido al
contrabando se puede resumir en pérdida de miles de empleos productivos, pérdidas
importantes en ingresos fiscales por parte del Estado venezolano, posibles
problemas de salud de la población por falta de control sanitario y un duro
golpe a la soberanía alimentaria.
