Devolución de activos expropiados por régimen chavista se hará sin indemnizaciones

 

👉 Mario A. Beroes R.-

Hay un refrán que dice textualmente: "La mentira tiene patas cortas." Este dicho popular se aplica al régimen que gobierna a Venezuela; también conocido como "El Rodrígato", Delcy Eloina Rodríguez, quien cambia de parecer más rápido que un camaleón cambia de colores, 

Ahora, quien ejerce el cargo de presidenta interina gracias al apoyo del gobierno de Donald J. Trump, anuncia sus intenciones e iniciativas dirigidas a devolverle a sus dueños y propietarios originales, los bienes expropiados durante el gobierno de Chávez y de Maduro; gobiernos del que ella fue parte muy importante en ambos.

Este cambio de matíz, es importante sobre su alcance y aplicación práctica para ella, ya que lo que busca Rodríguez es elevar su perfil político, luego de la llegada sorpresiva de la candidata presidencial, María Corina Machado, hace ya una semana.

Tenemos frente a nosotros una nueva mentira de la administración del Rodrigato, ya que la devolución se haría bajo las condiciones que impondría el régimen.

De 5.000 a 5.800 propiedades incautadas

La política de expropiaciones, intervenciones y confiscaciones implementada por el Estado venezolano desde finales de la década de 1990 y acentuada fuertemente entre 2007 y 2012 abarcó miles de unidades productivas, industrias, comercios, tierras y activos estratégicos.

Diversas fuentes del sector privado y ONGs estiman que entre 1999 y los años posteriores a 2018 se superaron las 5.500 a 5.800 unidades o empresas afectadas (incluyendo medianas y grandes industrias, comercios, redes de distribución y fundos agropecuarios).

Entre 2007 y 2011 se produjo el periodo que concentró las medidas de mayor impacto macroeconómico, tales como la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, la estatización de la compañía de telecomunicaciones CANTV, la acería Sidor, el Banco de Venezuela y la red de distribución de insumos agrícolas Agroisleña, además de cientos de empresas petroleras secundarias y constructoras.

Sin embargo, hay una serie de puntos claves sobre este tema que debemos considerar:

• El anuncio oficial: La presidenta interina, luego de consultar con su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y los abogados afectos al régimen Carlos Escarrá, Carislya Rodríguez, presidenta del TSJ , Edgar Gavidia Rodríguez y Elías Rubén Bittar, decidió ordenar una valoración técnica de activos y bienes no esenciales en manos del Estado para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios, indicando que es una iniciativa en una fase avanzada para incentivar la economía y atraer inversión.

• Reacciones gremiales: Gremios empresariales y económicos han visto con buenos ojos la posibilidad, pero insisten en que el proceso debe manejarse con total seguridad jurídica, de manera expedita y respaldada por marcos legales claros desde la Asamblea Nacional, ya que históricamente se han devuelto o cedido algunos casos puntuales (como centros comerciales o locales), pero sin un inventario público consolidado o un plan masivo transparente.

• El alcance real: Diversas organizaciones independientes (como Cedice Libertad) han señalado que no existe todavía un inventario público o detallado que confirme cuántos ni cuáles activos expropiados en el pasado podrán ser devueltos de forma efectiva, por lo que muchos sectores se mantienen a la expectativa de ver hechos concretos y normativas claras más allá de los anuncios políticos.

• El estado real de esos bienes: ¿En qué estado se encuentran las propiedades expropiadas e incautadas? ¿El Estado pagaría las que están deterioriadas o en condiciones peores a cuando se las quitaron a sus dueños originales? Son solo dos de las muchas preguntas que todos nos hacemos porque ejemplo del deterioro o pérdida total de muchos de estos bienes es evidente, y traigo a colación el caso de la Hacienda La Carolina, que era de Diego Arria, ubicada en la carretera que une los estados Carabobo y Yaracuy, y que no sólo fue expropiada sino destruida en su totalidad; los animales robados o dejados morir, al igual que las siembras y la hermosa casa colonial, de la que solamente quedan ruinas.

El discurso oficial, el contraste técnico y la verificación de datos

El discurso oficial al que que apela el régimen se dirige a "garantizar la propiedad privada" y ofrecer señales al sector privado. Sin embargo este tipo de declaraciones responden a una estrategia de distensión o búsqueda de incentivos económicos urgentes, más que a una política de restitución masiva y sistematizada de derechos de propiedad.

Hay una total opacidad de cifras. Organizaciones especializadas y centros de pensamiento y estudios económicos, han advertido reiteradamente que no existe un inventario público, transparente ni auditable por parte del Estado que detalle cuántas empresas, tierras, locales o infraestructuras fueron confiscados a lo largo de las décadas, cuáles están operativos y cuáles son jurídicamente restituibles.

Si bien en el pasado ha habido casos puntuales de devoluciones discretas o acuerdos de administración compartida (como ocurrió en su momento con centros comerciales o ciertos activos industriales y hoteleros), estos procesos se han manejado caso por caso, sin un marco legal estricto publicado en Gaceta Oficial que garantice igualdad de condiciones para todos los afectados.

Es obvia la incapacidad operativa del Estado que demuestra nuevamente que la inmensa mayoría de las empresas y bienes que pasaron a manos del Estado bajo la política de expropiaciones terminaron inoperativas, desvalidas o generando pérdidas fiscales masivas.

Por otra parte, el Estado venezolano enfrenta severas limitaciones de caja y una urgencia apremiante por atraer inversión extranjera y privada (así como mitigar millonarias deudas por demandas internacionales de arbitraje, como los laudos pendientes con transnacionales). 

Entregar o tercerizar estos activos representa un intento de aliviar la carga financiera estatal transfiriendo el costo de recuperación al sector privado.

Voceros de gremios empresariales y centros de estudio, como Fedecámaras, Cedice y Transparencia Venezuela, han recibido la noticia con cautela optimista, pero exigiendo un cambio estructural profundo. 

La exigencia central es que los anuncios políticos no queden en promesas: piden que intervenga formalmente la Asamblea Nacional, se derogue o reforme el marco legal restrictivo (como la Ley de Tierras) y se establezcan indemnizaciones justas o vías expeditas y transparentes de devolución.

En resumen, es un anuncio de intenciones políticas en una fase preliminar que carece de un cronograma público, de un censo oficial de activos y de garantías legislativas transparentes que permitan medir su alcance real a corto plazo.

Procesos de oferta pública y sin idemnización

Según lo planeado en Miraflores por la presidenta interina, que habría sido asesorada por su hermano, el presidente de la AN y varios abogados afectos al régimen, como Carlos Escarrá, Carislya Rodríguez, presidenta del TSJ , Edgar Gavidia Rodríguez y Elías Rubén Bittar Escalona, se efectuaría un proceso de oferta pública en aquellos bienes que no sean devueltos de forma directa a sus antiguos dueños, y que  podrían ser transferidos al sector privado mediante mecanismos de subasta, licitación u oferta pública. En algunos casos se ha contemplado también el uso de la bolsa de valores para democratizar el capital.

Y es aquí donde viene el punto más álgido, o donde el régimen busca escapar de cualquier problema. Estas entregas se harían sin indemnizaciones retroactivas generalizadas. Las entregas se harán sin comprometer pagos compensatorios o indemnizaciones financieros significativos por parte del Estado por los daños o pérdidas sufridos durante los años de intervención estatal.

Otro punto que levanta sospechas, y que ha sido denunciado por los que sufrieron de expropiaciones es la falta de un marco legal unificado y expedito, ya que aunque se defiende la medida bajo el discurso del respeto a la propiedad constitucional, el sector empresarial insiste en que las restituciones deben contar con un respaldo institucional claro y expedito a través de la Asamblea Nacional para ofrecer verdaderas garantías jurídicas a las inversiones y evitar la discrecionalidad. 

Devolución de expropiaciones sin final feliz

A un cuarto de siglo del decreto que convirtió la confiscación en política de Estado, la posible restitución de activos no esenciales no se perfila como un acto de justicia poética, sino como un frío cálculo de supervivencia fiscal. 

El dilema central no radicará en la voluntad política de devolverlos, sino en el laberinto técnico y legal que implica rescatar de la obsolescencia y el desmantelamiento a miles de empresas y tierras que hoy son solo el fantasma de lo que fueron.

Para que esta apertura económica logre tentar al capital privado y convencer a los antiguos dueños, el gobierno necesitará algo más que decretos exprés o comisiones de valoración: requerirá blindaje institucional y una arquitectura jurídica creíble que disipe el temor a un nuevo ciclo de confiscaciones. 

Sin un inventario transparente, garantías internacionales de propiedad y fórmulas claras para compensar los pasivos acumulados, el ansiado regreso del sector privado corre el riesgo de naufragar en un pantano de litigios y desconfianza.

En definitiva, la devolución de estos bienes pondrá a prueba la verdadera urgencia de un modelo que, acorralado por su propio colapso, intenta desmontar su pasado estatista. 

La resolución de este conflicto marcará la frontera definitiva entre una transición económica real hacia la productividad o una simple operación de fachada destinada a maquillar una economía sin brújula.

En pocas palabras, a Diego Arria, quien le quitaron de manera hamponil su hacienda, que además de ser un atractivo turístico y recreacional, era un centro económico que ayudaba a los moradores de la zona, no le resarcirán los daños. Y así como él, otros cientos de venezolanos y extranjeros más.

¡La prueba más evidente que Delcy Eloina Rodriguez y su régimen miente!

Durmiendo con el enemigo: Ética de las convicciones vs ética de la responsabilidad

 

Luis Manuel De Llano*

 

La Operación Torch (1942) fue una exitosa intervención militar de los Aliados (Estados Unidos y Gran Bretaña) en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo fue dominar el norte de África y asegurar el acceso al petróleo del Medio Oriente como suministro energético para los Aliados.

Francia, invadida por los alemanes, había sido dividida en la zona norte-atlántica, ocupada por los nazis y la “zona libre” al sur, gobernada desde la ciudad de Vichy.  

En realidad, la Francia de Vichy era un régimen autoritario que colaboró con los nazis, persiguió a la Resistencia y deportó unos 75.000 judíos a los campos de exterminio.

El general Charles de Gaulle, líder de la oposición francesa catalogó a la Francia de Vichy como un “régimen ilegitimo, nulo y sin efecto”.   

En los enfrentamientos iniciales de la Operación Torch, las fuerzas estadounidenses sufrieron cerca de 500 muertos y 1.000 heridos. Para evitar que las víctimas de lado y lado aumentaran a medida que los soldados avanzaban, los aliados pactaron en secreto con la Francia de Vichy.

El comandante en jefe de la Marina francesa, François Darlan, aceptó la invasión de las colonias en el norte de África hasta entonces bajo el control de Vichy.

A cambio, Darlan fue nombrado a dedo alto comisionado de Francia en el norte y oeste de África por loas tropas aliadas.

Un escándalo

El pacto provocó un gran escándalo político en Washington y Londres por haber entregado el poder regional a un conocido colaboracionista de los nazis.

Roosevelt y Churchill defendieron la decisión calificándola de “un expediente militar temporal para salvar vidas de soldados”.

La Operación Torch fue un punto de inflexión: sirvió para preparar el Desembarco de Normandía en 1944, que obligó a la rendición incondicional de los alemanes. Churchill lo expresó para la historia con la frase: “Esto no es el fin. Ni siquiera es el principio del fin. Pero es, tal vez, el fin del principio”.

La Asamblea Constituyente francesa eligió por unanimidad a de Gaulle como presidente del Gobierno Provisional de Francia 3 años después.

Cualquier parecido con alguna situación actual al norte de Sur América no es una coincidencia ¿Un pacto éticamente macabro? ¿Una salida pragmática exitosa?

 *Economista (UCAB), MBA (CGU) con más de 40 años de experiencia en la gerencia de asuntos públicos de empresas venezolanas de categoría mundial. Profesor de Gerencia de Asuntos Públicos (UCAB).

 

La traición está presente en el ADN de los Rodríguez

El domingo 27 de junio de 1976, hace 50 años, fue secuestrado el estadounidense, William Frank Niehous. En aquel momento era vicepresidente de la empresa Owens-Illinois. Su cautiverio duró 3 años y 4 meses, convirtiéndose en uno de los más largos para un ciudadano estadounidense en la América Hispánica.

Los autores intelectuales y materiales fueron miembros del Grupo de Comandos Revolucionarios (GCR) y del partido Liga Socialista. El motivo del secuestro fue motivado a que Nihaus actuaba "como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América. 

Operación Argimiro Gabaldón.

El secuestro contó con la participación de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista y cabecilla intelectual del rapto; Carlos Lanz Rodríguez, miembro del CGR/FALN; David Nieves, miembro de la LS; Fernando Soto Rojas, miembro del Partido Comunista de Venezuela (PCV); Mirelis Pérez Marcano y los parlamentarios  por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Salóm Meza y Fortunato Herrera. Todos fueron capturados, enjuiciados y encarcelados.

Por el rescate se pidieron 20 millones de dólares, los cuales fueron cobrados a la filial de la empresa norteamericana, según datos y testimonios aportados por varios de los detenidos, además de documentos judiciales de la época, por Jorge Antonio Rodríguez. 

Dicho dinero, por cierto, nunca apareció, aunque se sospecha que su viuda, Delcy Gómez, manejó el dinero del secuestro, ya que nunca les faltó nada a ella y sus hijos para su manutención y educación. 

Años después, uno de los integrantes del secuestro, reconoció que Rodríguez "se apropió de manera indebida" de los 20 millones de dólares. Esto provocó rupturas, acusaciones y disputas entre los integrantes del CGR. 

Jorge Rodríguez muere en la cárcel sometido a torturas por varios funcionarios de la DISIP, la policía política de la época. Por cierto, estos tortutadores fueron enjuiciados y pagaron cerca de 30 años de presidio cada uno.

La traición en el ADN de los Rodríguez Gómez  

Delcy Eloina y Jorge Jesús Rodríguez Gómez, hijos de Jorge Rodríguez y Delcy Gómez, crecieron en la parroquia de Coche al suroeste de Caracas. Ambos estudiaron en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y siguieron los pasos políticos del padre; también militaron en la LS para luego apoyar el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, donde ambos hermanos han alcanzado posiciones de importancia en el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, todo esto cambio radicalmente el pasado 3 de enero, con la "extracción y encarcelación" de Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas del ejército estadounidense.

El giro de Delcy Rodríguez, asesorada por su hermano, quien preside y maneja de manera dictatorial la Asamblea Nacional, abriendo campos y asumiendo posiciones políticas complacientes con el gobierno de Donald Trump, llaman la atención de manera muy particular, más viniendo de dos personajes, que hasta finales de 2025, se declaraban anti estadounidenses, enemigos del imperio; vociferaban consignas pro palestinas, antisemitas y se babeaban por los gobiernos comunistas y socialistas existentes.

El cambio o vuelco de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, que pasaron de un discurso fuertemente antiestadounidense a una postura de cooperación práctica y sumisa con la administración de Donald Trump, no responde a un cambio ideológico, sino a una reconfiguración pragmática de supervivencia política y económica tras los eventos de inicios de 2026.

Tras la operación estadounidense en Caracas en enero de 2026 que terminó con la detención de Nicolás Maduro, el equilibrio de poder en el chavismo cambió por completo. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada y reorientó la relación con Washington. 

El gobierno interino de Delcy Rodríguez impulsó reformas de apertura económica, incluyendo el sector de hidrocarburos, ahora en manos de un empresario con graves acusaciones de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos como Alejandro Betancourt, que han permitido pactos con Estados Unidos para el suministro y acceso a parte de las reservas de petróleo venezolano. Donald Trump ha respaldado públicamente estas medidas. 

En el año 2020, el propio Jorge Rodríguez compareció públicamente en televisión calificando a Alejandro Betancourt de "ladrón", "delincuente" y acusándolo de liderar una red de corrupción en PDVSA para supuestamente financiar a la oposición.

Sin embargo, para septiembre de 2026, Delcy Rodríguez salió en defensa pública de Betancourt, justificando que sus casos judiciales ya habían sido sobreseídos en Venezuela y que era víctima de juicios mediáticos. 

Esta "amnesia conveniente" para complacer los intereses comerciales estadounidenses es vista internamente como una simulación ideológica. El hecho de que la OFAC removiera oficialmente a Jorge Rodríguez de su lista de sancionados (y previamente a Delcy) confirmó para la base chavista que los hermanos negociaron la entrega de recursos energéticos del Estado a cambio de salvoconductos, impunidad institucional y el desbloqueo de sus propias cuentas personales.

Esto ha llevado no solo a una crisis de credibilidad interna y desconfianza entre los miembros del régimen, sino también en el Psuv.

Entrega de figuras del chavismo: ¿Traición o acomodo gringo?

La administración de Delcy y Jorge Rodríguez ha cooperado con la justicia de Estados Unidos mediante la entrega o facilitación de la captura de antiguos operadores financieros y jerarcas del régimen anterior (como Alex Saab y su socio Álvaro Pulido).

Esto ha llevado a que el gobierno estadounidense, a través de la OFAC proceda al levantamiento de sanciones personales a ambos hermanos. Como parte de este nuevo entendimiento, el Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la OFAC) retiró a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados en abril de 2026, y recientemente hizo lo propio con Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional), eliminándolo también de la Lista Clinton. 

Las acusaciones de traición contra Jorge y Delcy Rodríguez provienen tanto de sectores internos del chavismo leal a Maduro como de la opinión pública, sustentadas en contradicciones flagrantes y concesiones extremas. Mientras tanto, y gracias a las entregas a la justicia de EEUU, los Rodríguez Gómez consolidan su poder y aseguran economicamente su futuro.

Esperando noviembre

La administración Trump está totalmente centrada en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que no pintan bien para el Partido Republicano. Por lo tanto, el experimento venezolano no figura entre sus prioridades, a menos que traiga consigo noticias lo suficientemente impactantes como para ganar puntos ante el público estadounidense. 

Si bien es difícil imaginar qué podría ofrecer Venezuela que realmente impulse a los republicanos en la contienda en dos semanas, sabemos que Estados Unidos ha estado presionando al equipo local de Delcy para que obtenga resultados en la mesa de negociación. 

Fuentes cercanas a este blog informan que esperan nombrar pronto al comité de nominación que examina a los candidatos para el Tribunal Supremo, y que están en proceso de revisar las garantías políticas y la readmisión de las personas que fueron inhabilitadas para postularse.

Todos estos movimientos parecen apuntar hacia algo, y seguimos creyendo que veremos parte de ese "algo" antes de las elecciones de medio término. Este es un momento clave, porque la composición del comité de nominación y, eventualmente, del Tribunal Supremo, revelará cuánto control ejerce realmente Estados Unidos sobre este proceso y si será suficiente para generar confianza en los inversionistas y corporaciones estadounidenses que Trump intenta atraer. 

Por cierto, entre los postulados figuran miembros de comprobada conviccón democrática, ciudadana y educativa como Guillermo Tell Aveledo, Miguel Truzman y Mónica Fernández entre otros. Para el resto del mundo, podría ser una pista sobre si Venezuela se encamina hacia la reinstitucionalización.

Del Plan de la Patria al Plan Tres Fases: La película

 

Luis Manuel De Llano *

El termino inglés remake se traduce como una nueva versión de una obra, la cual mantiene la trama original, pero actualiza el reparto de actores y las locaciones para adaptarla a una nueva época.

Quizás, el más exitoso haya sido El Rey León (Disney, 1994), que es una adaptación en dibujos animados de Hamlet, la célebre obra de William Shakespeare.  

El Rey Hamlet pasa a ser Mufasa; Claudio, el hermano malvado, Scar; El Principe Hamlet, el heredero exiliado, Simba; Rosencrantz y Guildenstern, los amigos cómicos, Timón y Pumba.

Ahora, la transición venezolana tras la extracción de Nicolas Maduro, trae a la pantalla una versión renovada de la transición española tras la muerte del dictador Francisco Franco.

En España, el lema fue: "De la ley a la ley a través de la ley". El uso de la propia legalidad franquista para legalizar la democracia, la transformación desde adentro con los propios actores y mecanismos.  

En Venezuela, podríamos asumir la consigna “Del Plan de la Patria al Plan de 3 Fases a través del poder”.    

En España, había una alternativa más radical: borrar de un plumazo todo el sistema franquista, declarar ilegítimas sus instituciones y convocar de inmediato a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el riesgo era alto: un golpe de Estado.  

Una comiquita

También en formato de comiquita, término coloquial con que llamamos a los dibujos animados en Venezuela, la película cuenta con un reconocido reparto de actores, encabezado por la administración Trump, que como la monarquía española retoma el poder después de décadas de estar excluidos del mismo. 

Donald Trump es el Rey Juan Carlos I, la instancia superior con capacidad de tutela y poder de veto. Marco Rubio como Torcuato Fernández-Miranda, el real artífice de la estrategia de la transformación institucional.   

Delcy Rodríguez como Adolfo Suárez, la figura del gobierno anterior que es designada a dedo como presidente durante la transición.

María Corina Machado como Santiago Carrillo, el líder opositor de máxima legitimidad al que se le impedía regresar al país y tuvo que hacerlo clandestinamente con una peluca.

La Mesa Gobierno-Asamblea 2015 como los redactores de la Constitución de 1978, la plataforma técnica y política encargada de crear el nuevo pacto institucional. 

Jorge Rodríguez como Rodríguez de Valcárcel, el presidente de las Cortes franquistas y
operador del engranaje legislativo saliente.

Diosdado Cabello como Girón de Velasco, el jefe del bunker, el grupo originario y radical, que siempre se opuso a la apertura. 

Las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como las Fuerzas Armadas españolas, el estamento militar que requirió garantías de amnistía y salvaguarda.

La Piedrita y otros colectivos chavistas como ETA y el Grapo, la amenaza de violencia paramilitar y desestabilización social que acecha a todos.

Y… la actuación especial del primer actor Edmundo González Urrutia en el papel de Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, la figura política de altura que regresa al país.   

Pónganse cómodos para ver este espectáculo geopolítico. Pidan una ración de tequeños, el pasapalo venezolano que ha conquistado las salas de cine en España.

¿Respetará el guion de nuestra comiquita al original de 1975 o traerá sorpresas?

¿Regresará María Corina Machado a su patria, como Carrillo, quien tuvo que asumir el amargo costo político de pactar con el régimen?

¿Creará Delcy Rodríguez un nuevo partido político, como Suárez, y ganará las próximas elecciones con el apoyo del Rey, perdón de Trump?

¿Será removido de su ministerio Diosdado Cabello, como Girón Velasco, y se retirará a hacer negocios millonarios?

¿Ocupará González Urrutia, como la Pasionaria, un escaño en una nueva Asamblea Nacional?  

¿Equivaldrá el acuerdo petrolero en Venezuela a los Pactos de la Moncloa, que estabilizaron la devastada economía de España?

¿Será el reingreso de Venezuela al FMI, el BM y el BID como la entrada de España en la OTAN (y posteriormente en la Comunidad Económica Europea), un blindaje para la democracia?  

¿Aguantaremos el remake criollo sin barrajar los tequeños y gritar “mi bolivar”, “mi bolívar”, como en los antiguos cines del centro de Caracas, cuando se trababa el rollo de la película?    

El pragmatismo político y la madurez del pueblo fueron claves en la transición española. Entre la muerte de Franco y las elecciones pasaron exactamente 1 año, 6 meses y 26 días...

¡No se lo pierda. Mírela próximanete en su sala de cine más cercana!

 

*Luis Manuel de Llan o
Economista (UCAB), MBA (CGU) con más de 40 años de experiencia en la gerencia de asuntos públicos de empresas venezolanas de categoría mundial. Profesor de Gerencia de Asuntos Públicos (UCAB).

"Catatumbo Garage": Un emprendimiento automotor criollo

*Teresa Quilez.-

 Apostar por el desarrollo, la constancia y el trabajo bien hecho en Venezuela encuentra su mejor asidero en las nuevas generaciones, siendo Catatumbo Garage, bajo la batuta del venezolano Juan Andrés Villena, quien comienza a ser referencia empresarial en el sector automotor nacional.

Un equipo de profesionales apasionados por la mecánica acompaña a Villena en el día a día con una visión clara y un profundo compromiso por la excelencia, formando una familia laboral que comparte el rigor técnico y la mística de trabajo. 

Como taller integral abarcan áreas clave como mecánica ligera y pesada, electricidad, latonería y pintura, aire acondicionado, tapicería, proyectos y personalizaciones, y car détailing. 

Juntos ofrecen una atención que va desde revisiones técnicas y mantenimiento - servicios de cambio de aceite, limpieza de inyectores, lavado de motor, recarga de gas y aceite, cambio de evaporador, limpieza completa, cambio de radiador, servicio de tanque de gasolina, entonación mayor, servicio de estopera y caja, cárter y de motor, pasando por servicio de lavado de carros, hasta la comercialización segura en la compra de vehículos. 

A ello se suma la preocupación constante por compartir con el público en sus redes excelentes consejos prácticos para mantener los automóviles en óptimas condiciones, educando y cuidando la inversión de cada cliente.​

Villena desde muy niño tenía gran pasión por los "carritos", conocidos técnicamente como vehículos a escala o die-cast (hechos de metal inyectado con partes de plástico), un universo fascinante que cruza dos mundos: el juego dinámico de los niños y el coleccionismo riguroso de los adultos.​Los tenía de varios tamaños y colores: coches, camionetas, ambulancias, grúas, patrullas, camión de bomberos, cisternas, entre otros.​

Abría y cerraba sus pequeñas puertas, levantaba sus capós, los ponía a rodar y los coleccionaba; siempre estaban en sus estantes.​Ya desde la adolescencia era un fiel aficionado a las revistas de mecánica automotor. Cuando llegó el momento de decidir su proyecto de vida, el camino estaba más que claro: así nació Catatumbo Garage (@catatumbo_garage, @catatumbo_autosales), tan rápido y único como nuestro rayo marabino.​

En tiempos donde la reinvención es la clave del crecimiento, propuestas como Catatumbo Garage, de este ingenioso joven que a la par se formó como administrador, demuestran que el futuro del sector automotor en Venezuela se escribe con pulso firme, profesionalismo y, sobre todo, con una fe inquebrantable en el talento y potencial del país.

Carretera Petare, a 100 metros antes de la Urb. Miranda, a la altura de la bomba PDV y el Excelsior Gama. Conjunto Industrial El Cedralito, Galpón número 2

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El Plato de Lentejas: una lectura gerencial del dilema de la transición venezolana

 

Luis Manuel De Llano*

 

Un texto bíblico nos sirve de referencia para tratar de entender la situación política por la que atraviesa Venezuela. Se trata de la narración del Plato de Lentejas (Génesis 25:29-34). Los mellizos Esaú y Jacob, hijos de Isaac, eran muy diferentes, Esaú, el primogénito, era impulsivo y enfocado en el presente.

Por su parte, Jacob era tranquilo y pensaba siempre en el mañana. Un día, Esaú regresó del campo, agotado y casi muriendo de hambre. Al ver a Jacob cocinando, le rogó: "¡Dame de comer de ese guiso ahora mismo! ¡Estoy a punto de morir!". Jacob, astuto, le ofreció cambiarlo por su derecho de primogenitura, que representaba una doble porción de la herencia de su padre y el liderazgo familiar.

Esaú, quien, solo pensando en su estómago vacío, respondió "¿Para qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Te la cedo y tu dame el guiso." ¿Que hubiera preferido usted: las lentejas o la primogenitura?

Asuntos Públicos y Asuntos Legales

En la oposición venezolana actualmente parece haber dos tipos de personas, que como los hermanos tiene puntos de vista diferentes. Un primer grupo está hambriento de legitimidad inmediata y proponen que se realicen elecciones libres ya mismo, sin ninguna limitación de los candidatos que deseen postularse.

El segundo grupo cree que lo prioritario en estos momentos es más bien la sostenibilidad política y que las elecciones se realicen una vez que estén garantizadas las condiciones mínimas. No trata de una diferencia de propósitos, sino del orden en que alcanzar objetivos comunes.

La lectura gerencial de esta situación es relevante principalmente porque hoy prevalece la perspectiva de la administración de Donald Trump, un hombre de negocios, cuyas decisiones se alinean con la lógica de los negocios, donde el pragmatismo marca el rumbo por encima de las formalidades legales.

Pienso que, en parte, se trata de la misma diferencia que comúnmente se da en las organizaciones entre el punto de vista de los Asuntos Legales basados en derechos de las partes y los Asuntos Públicos, más bien fundamentados en los intereses de cada una de esas partes.

Los Asuntos Legales están fundamentados en la ley, lo que dicta el derecho (en inglés law inforcement), mientras que los Asuntos Públicos responden a una negociación para llegar a un trato, lo que conviene a las partes (deal-making).

 

Ambos puntos de vista, que en el dilema venezolano actual representan la legalidad y la sostenibilidad, son válidos e importantes porque, en la práctica, el valor de una democracia no se basa solo en lo que deba hacerse hoy, sino también en lo que se podrá seguir haciendo en el futuro. Pareciera que la administración Trump busca resolver el conflicto con el método de la eficiencia corporativa como un asunto público, y no legal.     

En la lógica de los negocios, cuando una empresa entra en una crisis operativa profunda, se puede imponer una junta interventora. En el caso venezolano, la administración Trump actúa como esa junta externa y la imposición o exención de sanciones dejan de ser meras herramientas legales punitivas para convertirse en mecanismos de presión para forzar una reestructuración organizacional.

El dilema gerencial está en que si la junta interventora presiona demasiado rápido por un cambio o ratificación de la gerencia (elecciones), sin que los mandos operativos estén alineados, el resultado podría ser el quiebre del proyecto de transición.

La sostenibilidad, por tanto, requeriría que la actuación de la junta interventora se adecúe a las capacidades reales de ejecución del equipo operativo, evitando que la exigencia de resultados inmediatos canibalice la estructura necesaria para el éxito a mediano plazo. En este sentido, la situación también podría interpretarse como la tensión entre la justicia y la paz.

Siguiendo la lógica gerencial, el valor de una empresa se calcula como la multiplicación de su rentabilidad (capacidad de ganancia) por un múltiplo de años (potencialidad de permanencia). Una empresa con alta rentabilidad, pero baja sostenibilidad (por ejemplo, un producto de moda con una marca débil), puede venderse por 4 o 6 veces su ganancia. Es un buen negocio, pero frágil.

Mientras que una empresa con rentabilidad y alta sostenibilidad, (un producto establecido con una buena marca), puede venderse por 10 o 20 veces su ganancia. El dinero de hoy viene de la rentabilidad y la riqueza del mañana de la sostenibilidad.

Explicar el valor democrático a través de un múltiplo de años de legalidad es la forma en que pensaría un gerente, pero posiblemente no un abogado. De allí el dilema. Un gerente diría que la satisfacción de un derecho sin viabilidad resulta en un negocio frágil.

Bajo la lógica de la junta interventora, posiblemente lo que se está tratando de hacer es justamente desarrollar el potencial del país, enfocándose no solamente en lo que se es capaz de hacer hoy, sino también en lo que se podría hacer mañana. Pareciera que se trata de un enfoque puro pragmático que prioriza la sostenibilidad frente a la legitimidad, prefiriendo la primogenitura sobre el plato de lentejas.  

Hambre vs astucia

En la estructura clásica de la pirámide de decisiones en una empresa, el hambre de Esaú representaría el nivel táctico (la rentabilidad en el corto plazo), mientras que la astucia de Jacob haría referencia al nivel estratégico (la sostenibilidad a mediano plazo).

 

Pero antes de Esaú y Jacob, estuvo su padre Isaac, cuya vida se centró en nivel operativo (los resultados del día a día). Issac se dedicó a sembrar y cosechar, a asegurar la gestión los recursos del territorio y el suministro de agua y comida. En la empresa, la administración diaria (nivel operativo) es el que sustenta tanto la rentabilidad (nivel táctico) como la sostenibilidad (nivel estratégico).

Sin lo que Isaac hizo, Esaú y Jacob simplemente, no hubieran existido. Por su parte, Abraham, el patriarca y padre de Isaac es el fundamento que representa las políticas que rigen el comportamiento (nivel normativo o de gobernanza). Sin la visión de Abraham, no hubiera habido promesa, y por lo tanto, tampoco tierra que trabajar.   

La Biblia y la realidad venezolana

En la realidad venezolana, la gestión de Delcy Rodríguez encaja en el nivel operativo. Su labor se centra en la gerencia de la contingencia. Por una parte, prioriza la resiliencia inmediata sobre el dogma ideológico para mantener el sistema funcionando y por otra parte adapta su mensaje hacia propios y extraños para controlar daños.

Bajo la óptica de la administración de Trump (Abraham), la labor operativa inmediata de Delcy Rodríguez (Isaac) proporcionaría una plataforma real sobre la cual lograr inversiones extranjeras en las áreas en que el Estado ya no puede operar por sí solo (petróleo, minería, servicios, etc.), y a mediano plazo se convocarían unas elecciones libres según han expresado varios voceros de esa administración.      

El plazo no es una medida de tiempo rígida (como un número fijo de meses), sino una medida de capacidad de reacción. Depende enteramente del contexto: no es lo mismo el largo plazo para un vendedor de comida rápida que para una empresa de energía nuclear.

Sin embargo, tomando los parámetros típicos de la planificación financiera, podríamos decir que el inmediato plazo es hoy mismo, el corto plazo es 1 año, el mediano plazo 3 años más y el largo plazo 5 años.

La junta interventora habría establecido que en lo inmediato lo importante es la operatividad, la ejecución, que la administración no se detenga. En el corto plazo (1 año) se buscaría la rentabilidad de las inversiones extranjeras, la optimización, no solo se trataría de hacer las cosas, sino de hacerlas de forma que generen un excedente económico.

Sólo en el mediano plazo (3 años) de la sostenibilidad, el objetivo sería la legitimidad electoral. Y en el largo plazo (5 años) objetivo sería la consolidación de un nuevo sistema de gobierno con valores democráticos que perduren más allá de los líderes actuales.  

Según esta lectura gerencial, la junta estaría tratando de evitar el error de menospreciar alguno de los niveles de decisión gerencial, porque se podría crear una desconexión insalvable entre lo ideal del mañana y la realidad del hoy, una "esquizofrenia organizacional".

 

 

Un ejemplo típico de este "salto al vacío" ocurre cuando una organización decide realizar una transformación digital basándose únicamente en una visión (nivel estratégico), sin hacer los cambios requeridos en los procesos administrativos (nivel táctico) y educar al personal (nivel operativo).

El resultado podría ser la resistencia al cambio y el posible boicot de los trabajadores, que verían la nueva estrategia como un enemigo que eliminaría su trabajo con herramientas útiles computacionales. La cultura organizacional se fracturaría y la organización se devoraría a sí misma.

Esquizofrenia organizacional

En la política venezolana, la cultura organizacional está determinada por años de gobierno socialista. Quienes operan el sistema lógicamente han desarrollado una resistencia al cambio, a la transición, porque temen que una nueva estrategia signifique su despido inmediato o, peor aún, su procesamiento legal.

Esta es la raíz de la esquizofrenia organizacional: proponer un modelo externo liberal en una organización cuya cultura interna se basa en la autocracia. La administración Trump parece pensar que la transición no se basa únicamente el cumplimiento de la Constitución y las leyes, sino que es un proceso de gestión de cambio humano.

Si los operadores del nivel operativo perciben que la nueva estratégica no ofrece una opción de su permanencia, boicotearán cualquier intento de reforma. El éxito de la gerencia en este escenario depende de la capacidad de los líderes para reducir la incertidumbre, transformando el miedo al cambio en una aceptación pragmática de nuevos procesos que, aunque distintos, aseguren la permanencia del sistema.

Esta “esquizofrenia organizacional” no es un riesgo teórico, sino que la historia la confirma. Por ejemplo, la transición española, que fue citada como modelo de éxito pragmático por el mismo Marco Rubio, estuvo a punto de naufragar precisamente por el divorcio entre su estrategia democratizadora y una operatividad institucional atada al pasado.

Mientras el nivel normativo/estratégico diseñaba el futuro, el nivel táctico/operativo enfrentaba el asedio sangriento de ETA y el GRAPO, junto a un estamento militar que terminó manifestando su resistencia en el golpe de Tejero (23-F).

Fue el momento en que la cultura de la organización intentó devorar a su propia estrategia. Rubio parece pensar que el aprendizaje para Venezuela es que, si la arquitectura de la transición no logra alinear los niveles operativos/tácticos con los estratégicos/normativos, la situación política no solo podría volverse frágil, sino que también podría canibalizarse a sí misma.

En finanzas, el costo de oportunidad es la rentabilidad que se deja de percibir por elegir una opción sobre otra. Venezuela enfrenta hoy el costo de oportunidad más alto de su historia moderna.

 

La administración Trump puede estar pensando que si prioriza el plato de lentejas para obtener legitimidad en el corto plazo, podría estar sacrificando la doble herencia de la primogenitura de décadas de crecimiento institucional.

Un gerente de un fondo de inversión diría que Venezuela es un activo de gran valor con un descuento masivo por riesgo país, el valor está indiscutiblemente allí, pero la incapacidad de alinear los niveles de decisión podría impedir que ese valor se realice.

La transición, por tanto, se estaría leyendo como un plan de rescate financiero donde el principal activo a recuperar es la confianza. Pero, lamentablemente la confianza no se decreta, sino que se construye mediante la consistencia entre lo que se plantea hacer estratégicamente y lo que realmente se ejecuta operativamente.

Si el país continúa divergiendo entre la urgencia del hambre táctica y la ambición de la sostenibilidad sin un piso operativo sólido, el múltiplo de años de nuestra democracia seguiría siendo bajo, condenándonos a ser una nación de ganancias de ocasión en lugar de una potencia de riqueza sostenible.

El reto es construir un sistema gerencial que permita que la satisfacción del hambre de legitimidad no sacrifique la primogenitura de institucionalidad. Al parecer, hay quienes piensan que el orden de los factores si afecta el producto, por lo menos en el caso de la transición venezolana.

*Economista (UCAB), MBA (CGU) con más de 40 años de experiencia en la gerencia de asuntos públicos de empresas venezolanas de categoría mundial. Profesor de Gerencia de Asuntos Públicos (UCAB).

Punto Crítico MB: El Esequibo y un "breve encuentro" en Nueva York

 

Mario Augusto Beroes Ríos

¿Puede Estados Unidos cambiar de opinión y apoyar ahora a Venezuela y no a Guyana en su histórica reclamación sobre el territorio del Esequibo? ¿Es posible ese cambio radical, y de ser cierto, qué motiva a la administración que encabeza Donald J. Trump a hacerlo? 

Pues este par de preguntas y otras referentes al vetusto tema geopolítico entre Venezuela y la antigua Guayana Británica se podrían plantear en el "breve encuentro" que sostendrán el martes 22 en horas de la mañana en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente Trump y la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez. 

El Esequibo y un "breve encuentro" en NYC

¿Qué quiere el presidente Donald J. Trump demostrar con el "breve encuentro." La respuesta diplomáticamente correcta podría ser demostrar un cambio hacia el pragmatismo y priorizar los intereses energéticos y comerciales entre Estados Unidos y Venezuela; encuentro que sería el primer contacto directo a nivel presidencial entre ambos países en más de 10 años.

Sin embargo, hay ciertos puntos que no han salido a relucir, y que el mismo mandatario estadounidense se ha reservado, más allá de demostrar que el petróleo y los acuerdos comerciales son vitales, y la clave para la estrategia económica de su gobierno. 

Uno de estos puntos, confirmados por fuentes, tanto de Miraflores como de la cancillería venezolana, es la posibilidad de que el gobierno norteamericano modifique su política sobre la reclamación del territorio Esequibo que Venezuela mantiene desde hace más de un siglo con la República de Guyana, antes Guayana Británica.

A cambio, Delcy Rodríguez y el interinato que representa, le garantizarían al gobierno estadounidense la explotación exclusiva de los recursos forestales y minerales presentes en la zona, (que son muchos e importantes). El Rodrigato ansía seguir en el poder y mantenerlo por lo menos hasta el 2030, año en que se convocarían a elecciones.

La Zona en Reclamación del Territorio Esequibo.

Los asesores del ministerio de Relaciones Exteriores; inclusive el mismo canciler, Félix Placencia, han visto en el cambio de actitud del presidente Trump en el tema de las islas Malvinas, que ahora apoya a Argentina en la reclamación de este territorio insular al sur del Océano Atlántico ante la Gran Bretaña, la posibilidad de que el mandatario de los EEUU haga lo mismo con quien ha calificado de "persona estupenda, servicial, amable, estupenda", entre otros epítetos elogiosos, es decir la encargada Rodríguez.. 

Eso sí, dicho apoyo estadounidense no sería de gratis; vendría acompañado del compromiso por el cual Venezuela cedería la explotación de cualquier recurso vegetal y mineral, exclusivamente a empresas estadounidenses; probablemente afines al jefe de Estado de los EEUU. Si antres se lo ofrecieron a chinos, rusos e iraníes, porqué no ahora a los estadounidenses.

El Esequibo es tuyo, mío, nuestro

Son 159.542 kms. cuadrados; desde el oeste del Río Esequibo hasta el Monte Roraima que comparten ambas naciones con la República Federativa del Brasil. 

El territorio es mayoritariamente selva tropical y cuenta con importantes reservas de minerales (oro, bauxita, diamantes) y vastos yacimientos de petróleo y gas natural, que de lograrse el "cambio de seña" del presidente Trump (que ya lo hizo con Las islas Malvinas), serían explotadas y controladas por los EEUU.

Históricamente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se conoce oficialmente a este país europeo, ha sido una nación depredadora o usurpadora de territorios en el mundo, y la América Hispana no escapó a este tipo de pillaje: Venezuela, Guatemala, Argentina y Chile saben de estos despojos territoriales, y el gobierno inglés, que nunca aceptó devolver lo que no era suyo y al ver que el tema se complicaba, decidió otorgarle la libertad a la antigua colonia, como fue el caso de la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, en 1966.

Las relaciones de Trump con los países europeos no son las mejores en estos momentos y pareciera que cada día se resquebrajan un poco más. El cambio de actitud en el apoyo a las Islas Malvinas, o Falkland, según los ingleses, no solo es un espaldarazo inesperado para el gobierno argentino de Milei, muy afín a Trump, sino que significa una posibilidad ¿real? de que Venezuela recupere un territorio robado por el imperio británico en el Siglo XIX.

La pregunta que queda, y que ninguna de las sesudas mentes en Miraflores, la Casa Amarilla y Carmelitas se han hecho, es si realmente ese apoyo abarcaría todo el territorio en reclamación, ya que Guyana perdería casi el 70% de su territorio. 

Siempre se ha reclamado, menos con Chávez

Realmente Venezuela nunca ha dejado de reclamar el robo de ese espacio territorial en el oriente de nuestros límites. Durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), la propuesta venezolana para recuperar el Esequibo contemplaba la vía de la fuerza militar o una anexión con un estatus especial para la entonces Guayana Inglesa.

En el primer gobierno del presidente Rafael Caldera (1969-1973), es cuando Inglaterra le concede la independencia a su ex colonia. Entonces se acordó un congelamiento de la reclamación con la aplicación del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra, por un plazo de 12 años. 

La medida buscaba suspender la confrontación directa, luego del descalabro del alzamiento del Rupununi y otros intentos anexionistas. 

En el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez se intentó una transacción territorial, basándose en una atmósfera de aparente cordialidad en ese momento entre ambas naciones.

Bajo esta atmósfera de aparente cordialidad, se plantearon en la mesa de negociación al menos dos propuestas de delimitación de manera directa. La idea central de las cancillerías de Pérez apuntaba a una solución intermedia o de compromiso: Venezuela proponía que Guyana le restituyera una franja sustancial de territorio a cambio de que Caracas renunciara al resto de la reclamación total (los 159.500 km²). 

Estas ofertas buscaban principalmente asegurar para Venezuela una salida libre y soberana al Océano Atlántico y el control total sobre la fachada del Delta del Orinoco, rico en petróleo y gas, pero Guyana las rechazó de plano.

Si Estados Unidos decide respaldar formalmente la postura o la gestión de Delcy Rodríguez en relación con esta disputa territorial, los escenarios principales que podrían presentarse incluyen:

1-Un viraje radical en el equilibrio de fuerzas (El fin del apoyo total a Guyana). Históricamente, Washington respaldó a Georgetown debido a las concesiones de corporaciones como ExxonMobil y su alineación política. 

Si EE. UU. decide dar legitimidad o mediar a favor de las propuestas de Rodríguez, Guyana perdería su principal escudo diplomático y militar, forzándola a renegociar las fronteras marítimas y territoriales bajo condiciones menos favorables. 

2-Consolidación de licencias energéticas y retorno de transnacionales, lo que sería un apoyo directo a la administración de Rodríguez, que vendría condicionado por la seguridad de las inversiones. 

Esto abriría la puerta para que empresas estadounidenses y europeas operen formalmente bajo el paraguas legal venezolano, redefiniendo quién cobra las regalías y los impuestos por el crudo extraído en las aguas en disputa

3-Explotación conjunta de recursos: Internacionalistas sugieren que un acuerdo bilateral auspiciado por EE. UU. permitiría tanto a Venezuela como a Guyana explotar las riquezas energéticas del Esequibo de manera compartida, pero Venezuela se opone y de ahí que le cedería la explotación de dichos recursos a empresas de EEUU. 

A finales de 2023 se vivieron momentos de alta tensión militar en la frontera. Un alineamiento o mediación estadounidense con el gobierno interino de Rodríguez reduciría a cero cualquier posibilidad de escalada bélica en Sudamérica, garantizando la estabilidad regional necesaria para la continuidad del suministro petrolero global.

Personas de protocolo, conocedoras de este tipo de encuentro, han señalado que la posibilidad de que Delcy Rodríguez y Donald Trump hablen no pase de unos 20 minutos, lo que hace parecer difícil que el tema sea tratado con la importancia que amerita, pero en el MRE ya han establecido contactos con el departamento de Estado, e inclusive, se habla de contactos ofrecidos por Alejandro Betancourt con empresas estadounidenses para que se concrete el apoyo a nuestra reclamación territorial.

Los 12 torturadores del Rodrigato 

La Misión Internacional Independiente de la ONU presentó la actualización de sus hallazgos identificando a 12 altos cargos civiles y militares vinculados a violaciones sistemáticas de DDHH. 

El informe subraya la urgencia de reformas judiciales e institucionales. El documento limita la viabilidad de amnistías generales sin mecanismos de justicia transicional, al tiempo que presiona las dinámicas internas en la cúpula militar y de seguridad del Estado.

Doce señalados previos. Estos son los doce funcionarios que la Misión había identificado en informes anteriores y que, según su actualización, continúan o fueron reasignados a cargos relevantes: 

Gustavo Enrique González López, ministro de la Defensa desde marzo de 2026; exdirector del Sebin y exministro de Interior. La Misión lo vinculó previamente con órdenes o responsabilidades relacionadas con torturas y tratos crueles contra personas detenidas.

Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura Productiva y Tierras; fue ministro de Defensa y comandante estratégico operacional de la FANB. Figura en informes por responsabilidad de mando asociada a la represión de manifestaciones y al uso letal de la fuerza.

 Diosdado Cabello Rondón, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y primer vicepresidente del PSUV. La Misión documentó su presunto control o influencia sobre estructuras de inteligencia y acciones de criminalización contra opositores.

Alexander Enrique Granko Arteaga, teniente coronel y alto funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), vinculado a la unidad CIN 3 y al Despacho de la DGCIM. 

Fue previamente mencionado por detenciones clandestinas y torturas atribuidas a estructuras bajo su dirección. José Miguel Domínguez Ramírez, “Miguelito” — director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana y subdirector de la PNB. 

La Misión de la ONU lo había asociado con operativos violentos, ejecuciones extrajudiciales y prácticas atribuidas a las antiguas FAES. 

Iván Rafael Hernández Dala, general de división y presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); fue director general de la DGCIM entre 2014 y 2024. 

La Misión lo había señalado por responsabilidades de mando respecto de abusos atribuidos a ese organismo. 

Tarek William Saab Halabi, exfiscal general y actual jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida. La Misión había documentado el posible uso instrumental del sistema penal para convalidar detenciones arbitrarias y obstaculizar investigaciones sobre torturas.

Ronny Fernando González Montesinos, comisario general y jefe de la División de Investigaciones Penales de la PNB; anteriormente funcionario del Sebin. Fue previamente mencionado por vigilancia ilegal, interceptaciones y hechos ocurridos en El Helicoide. 

Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas; exministra de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Misión la vinculó con cadenas de mando asociadas al uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta. 

Fabio Enrique Zavarse Pabón, mayor general y rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES); excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Ha sido señalado en relación con operaciones represivas y uso de la fuerza por unidades bajo su mando.

Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación y mayor general en situación de reserva activa. Está incluido entre los funcionarios previamente identificados por la Misión y que mantienen posiciones de relevancia. 

Cruz Torrealba, alcaldesa del municipio Aragua, estado Anzoátegui. Figura como la única autoridad municipal dentro del grupo de doce con evaluación previa de responsabilidad individual por la Misión. 

El informe también incorpora seis funcionarios descritos como parte de la arquitectura institucional que permitió o sostuvo la represión sistemática. Esta inclusión no equivale, por sí sola, a una atribución individual de responsabilidad penal bajo el estándar aplicado a los doce nombres anteriores. 

Larry Devoe, fiscal general de la República, Pedro Carreño diputado y Ministro de Relacione Interiores, Alexis Rodríguez Cabello, director general del Sebin, Javier Marcano Tábata, director general de la DGCIM. 

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. José Adelino Ornelas Ferreira, general de división y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena).