¿POLICÍAS O VIGILANTES
PRIVADOS?
En una economía en franco deterioro como la que padece
Venezuela, una de las declaraciones oficiales más deprimentes fue cuando se les
planteó a los funcionarios al servicio del Estado, que dada la desastrosa
situación en que se encuentran las finanzas públicas, no podrán esperar, quién
sabe hasta cuándo, aumentos en sus sueldos y salarios.
Una de las posibilidades que se les planteó a los
funcionarios, fue la de autorizarlos de hecho, más no de derecho, a buscar
ingresos adicionales en actividades ajenas a las funciones propias de sus
trabajos, para lograr un mínimo de recursos que les permitan, yo diría, sobrevivir
y poder satisfacer sus necesidades.
Por supuesto, estas directivas fueron transmitidas
verbalmente para no dejar evidencias y no permitir fuesen utilizadas como
pruebas en caso de denuncias.
En el caso particular del sector seguridad, es muy
grave lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos de seguridad, llámense
policías nacionales, municipales, de seguridad del Estado y hasta en unidades
de seguridad del sector militar.
Esto se refleja en la política que se está aplicando
en muchos organismos, en el sentido de que a los funcionarios se les permite no
asistir a laborar a tiempo completo, en días continuos, para que puedan
dedicarse a otras actividades que les permitan generar ingresos adicionales.
Esto se evidencia en una mayor frecuencia y descaro. Podemos
ver a funcionarios policiales del sector civil y también del mundo militar,
prestando servicios de seguridad a particulares.
En panaderías, farmacias, restaurantes, discotecas y
bares, así como en industrias y centros comerciales encontramos a estos
funcionarios públicos actuando como seguridad privada y recibiendo pagos por
ello. Ni que hablar en el caso de los
que actúan como escoltas.
A lo anterior debemos agregar algunas consideraciones
que evidencian lo grave y hasta criminal de estas actuaciones.
En primer lugar, es un delito el hecho de que el
tiempo que dedican a estos trabajos es el que debería dedicar al servicio
público, porque por ello reciben un salario y otros beneficios, rompiendo de
esta manera el contrato social que justifica su existencia, ya que dejan sin
protección a la sociedad en general que los necesita sin distingos de raza,
credo, filiación política ni condición económica.
Otro aspecto que debemos poner sobre la mesa, es el
hecho de que a se ha llegado en muchos casos a prestar esos servicios con el
uniforme de las instituciones que lo identifica como funcionarios policiales, y
lo hacen con el mayor descaro y sin la menor vergüenza.
Es que para nada les importa lo que puedan decir o
pensar de ellos los ciudadanos.
Qué debemos comentar del equipamiento que utilizan en
estos trabajos ilegales. El armamento
que portan y las municiones que utilizan, los equipos de comunicaciones, las
unidades de patrullaje sean estos vehículos o motos; por supuesto plenamente
identificados con los sellos y escudos distintivos de sus instituciones.
Esto es ilegal, ya que el uso de esos recursos
conforma el delito de peculado de uso, al utilizar equipos y materiales
públicos con fines de lucro personal y muy distinto a los fines para los cuales
fueron asignados.
Además de las
consideraciones anteriores, estas
actuaciones irregulares e ilegales, al prestar servicios privados de seguridad,
constituyen de hecho una competencia desleal, ilegal e irregular que causa
terribles daños al sector privado de la seguridad, ya que al utilizar un
recurso humano y material asignado a los cuerpos de policía donde pertenecen,
ofrecen sus servicios a una cifra muy por debajo del costo que tiene que
ofertar las empresas legalmente constituidas, sujetas a normas, leyes y otras
cargas fiscales nacionales.
Además esto se traduce que esa conducta criminal,
generada por políticas gubernamentales, que se puede calificar de
delincuencial, perjudican el desarrollo de las empresas del sector privado y
promueven y permiten que opere un sector oscuro, en detrimento de la necesaria seguridad que necesitan las organizaciones y personas
que los contratan, dejando a su suerte a la sociedad y comunidades en general,
que no encuentran la protección que les deberían prestar los cuerpos de policía
a todos los ciudadanos.
Esto ocurre cuando el Estado pierde su estructura moral
y aplica políticas que atentan contra los principios constitucionales que
establece la Carta Magna, contra el Estado de Derecho de todos los ciudadanos y
rompe todos los principios doctrinarios propios de las Ciencias Policiales, las
Ciencias Militares y las de la Seguridad Privada.
Por ello es necesario que continuemos denunciando
públicamente estas conductas y comportamientos que tanto daño ocasionan a toda
la sociedad.
