👍Nota de prensa.-
En febrero de 2024, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentará un nuevo tratado internacional para combatir el ciberdelito. El texto es resultado de dos años de negociaciones y su objetivo es entregar a los Estados mejores herramientas para perseguir y colaborar en el combate contra los actos ilícitos que se valen de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, organismos internacionales, expertos y activistas alrededor del mundo han alertado sobre distintas deficiencias del acuerdo. Advierten que, según el borrador, el tratado podría limitar la libertad de expresión en línea y ser utilizado para perseguir a disidentes políticos, entre otros problemas serios.
No hay consenso, hasta el momento, sobre un conjunto de mínimos que aseguren la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales.
China, Vietnam, Pakistán y la Federación Rusa han promovido una concepción amplia del cibercrimen que, bajo el pretexto del combate al cibercrimen, amplía las facultades de vigilancia de las actividades en línea y la persecución de actos legítimos.
Una investigación realizada por Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) demuestra que muchos estados persiguen hoy las opiniones disidentes en internet aduciendo delitos como difusión de desinformación, propaganda contra el orden constitucional, crímenes de odio y ciberacoso, o atentar contra la decencia pública, poniendo en peligro el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y profundizando desigualdades de género.
El tratado carece de salvaguardas suficientes en cuanto a DD.HH. que eviten su aplicación para restringir derechos civiles y políticos. Tampoco cuenta con una perspectiva de género efectiva, lo que puede habilitar su uso para perseguir a mujeres y personas LGTBIQ, como evidencia la mencionada investigación de Derechos Digitales y APC.
Además, otorga herramientas legales para aumentar la capacidad de vigilancia de los Estados sobre las actividades en línea y facilita el intercambio transnacional de la información recolectada, sin medidas de protección suficientes para limitar sus facultades e impedir su abuso bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Tanto el sector privado como los organismos de DD.HH. coinciden en que el tratado debilitaría la ciberseguridad alrededor del mundo, erosionando la privacidad y socavando los derechos y libertades de las personas.
Las empresas reunidas en el Cybersecurity Tech Accord —incluyendo a Microsoft, Meta y Lenovo— publicaron una declaración donde plantean su preocupación por distintos aspectos del acuerdo subrayando que su aprobación facilitará en vez de reducir el crimen en línea.
Hacia fines de 2023, las delegaciones nacionales sostuvieron reuniones informales con la finalidad de avanzar en una negociación particularmente difícil, pero, a ojos de las expertas, aún existen muchos aspectos sustantivos sin resolver.
No solo eso: el último borrador del texto, presentado en diciembre, fue calificado como un retroceso que suma nuevos problemas a los ya existentes, sembrando incerteza sobre el resultado de la negociación.
Para Michel Roberto de Souza, director de políticas públicas de Derechos Digitales, es importante que los estados democráticos “presionen por la inclusión en el tratado de salvaguardas robustas en materia de DD.HH. Es un contrasentido que un tratado creado en Naciones Unidas pueda convertirse en una amenaza para el ejercicio de derechos fundamentales. Hay muchas mejoras que hacer. En su forma actual, el tratado no debería ser aprobado”.
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